En el puerto de Manta, la noticia llegó antes que las respuestas. Familiares de los tripulantes acudieron este lunes 7 de septiembre a la Capitanía del Puerto buscando información sobre el paradero de sus seres queridos. Esta vez el nombre que los llevó hasta allí era Montecristi, un atunero industrial que había salido de Manta el 16 de agosto.
Horas después, Estados Unidos confirmó que había interceptado y hundido la embarcación en el Pacífico Oriental.
Con el Montecristi, la ofensiva marítima estadounidense contra embarcaciones ecuatorianas vuelve a poner a Manabí en el centro de una disputa que combina narcotráfico, cooperación militar, soberanía y derechos humanos.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron una estación flotante de reabastecimiento que apoyaba operaciones de tráfico de drogas en altamar. Según la versión estadounidense, inteligencia militar confirmó que la embarcación estaba vinculada con Los Choneros, organización que Washington considera una estructura narcoterrorista.
Después de retirar a los tripulantes, las fuerzas estadounidenses hundieron el barco. Los 23 ocupantes serán entregados a las autoridades ecuatorianas.
El atunero Montecristi tenía una característica que lo diferenciaba de los pequeños pesqueros que habían aparecido en los operativos anteriores: era una embarcación industrial de casi 400 toneladas.
Había zarpado desde Manta el 16 de agosto. Este lunes, el Comando Sur divulgó la información de la operación y sostuvo que el barco no estaba realizando una actividad pesquera legítima, sino que funcionaba como una plataforma para abastecer de combustible a embarcaciones utilizadas en operaciones de narcotráfico.
Tras la intervención, los militares estadounidenses desembarcaron a los tripulantes y posteriormente hundieron la nave.
Videos difundidos durante la operación muestran un helicóptero sobrevolando la embarcación y militares armados acercándose al barco para abordarlo.
Para los familiares, sin embargo, la versión estadounidense no resuelve la pregunta principal: ¿qué ocurrió realmente con los pescadores y cuáles fueron las pruebas utilizadas para vincular al barco con el narcotráfico?
El caso del Montecristi no es aislado. Es el quinto barco ecuatoriano destruido por fuerzas estadounidenses en menos de dos semanas, según los reportes oficiales conocidos hasta este 7 de septiembre.
La secuencia comenzó el 28 de agosto con Los Tres Hermanos. La embarcación fue destruida en altamar. Sus tripulantes, todos manabitas, negaron pertenecer a organizaciones criminales y aseguraron que regresaban de faenas de pesca.
El segundo caso fue Conquista II, interceptado y destruido el 2 de septiembre. Estados Unidos sostuvo que funcionaba como una estación flotante de combustible para operaciones de narcotráfico vinculadas a Los Choneros.
Un día después apareció el caso de OM2, también destruido durante una operación estadounidense. Las autoridades ecuatorianas recibieron posteriormente a los tripulantes.
El 5 de septiembre llegó el turno de María Candelaria. La embarcación llevaba 26 tripulantes y nueve lanchas de arrastre, según el Comando Sur. Después de inspeccionarla y desembarcar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses hundieron el barco y las embarcaciones de apoyo.
Dos días después, el Montecristi completó esta cadena de cinco destrucciones.
La cifra cambia dependiendo de qué se considere un hundimiento confirmado.
Entre enero y marzo de 2026 ocurrieron tres casos que involucran a embarcaciones ecuatorianas y que organizaciones de derechos humanos han relacionado con operaciones estadounidenses.
El primero fue Fiorella, que desapareció después de salir de Jaramijó. La embarcación dejó de transmitir su ubicación el 20 de enero. Ocho de sus 10 tripulantes continúan desaparecidos.
Después ocurrió el caso de La Negra Francisca Duarte II. Salió de Manta el 2 de marzo con 16 pescadores. El 17 de marzo sufrió un ataque y terminó naufragando cerca de Galápagos. Los sobrevivientes denunciaron haber sido atacados por drones y posteriormente abordados por hombres armados.
Human Rights Watch reconstruyó el caso y encontró elementos que apuntan a una posible participación de autoridades estadounidenses. Sin embargo, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos negaron responsabilidad.
El tercer caso fue Don Maca, atacado el 26 de marzo. Sus tripulantes sobrevivieron y posteriormente denunciaron haber sido abordados por personal armado.
Estos tres episodios son fundamentales para entender la actual controversia, pero no deben presentarse periodísticamente como tres hundimientos oficialmente reconocidos por Estados Unidos.
Por eso, una cifra responsable sería hablar de cinco barcos oficialmente destruidos por fuerzas estadounidenses desde finales de agosto y tres casos anteriores investigados o atribuidos por testimonios y organizaciones de derechos humanos a operaciones estadounidenses.
La explicación de Washington es prácticamente la misma en los cinco operativos recientes.
El Comando Sur sostiene que las embarcaciones no eran simples barcos pesqueros, sino estaciones flotantes de reabastecimiento utilizadas para apoyar lanchas rápidas dedicadas al tráfico de drogas.
La inteligencia estadounidense asegura además que existían vínculos con Los Choneros.
En el caso del Montecristi, el comunicado oficial fue directo: después de retirar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses hundieron la embarcación. El Comando Sur asegura que sus operaciones buscan desmontar las redes logísticas que permiten el transporte marítimo de drogas.
Estados Unidos sostiene además que las operaciones se realizan en el Pacífico Oriental y en aguas internacionales.
El Gobierno ecuatoriano ha defendido las operaciones y sostiene que forman parte de la cooperación bilateral contra el narcotráfico.
El ministro del Interior, John Reimberg, ha respaldado la información de inteligencia utilizada para identificar estas embarcaciones como parte de estructuras logísticas del narcotráfico.
Pero la cooperación entre ambos países ha generado una situación paradójica: mientras el discurso político y militar sostiene que los barcos estaban vinculados con organizaciones criminales, familiares y pescadores aseguran que eran embarcaciones dedicadas a la pesca.
Esa contradicción adquirió especial fuerza después del caso Conquista II y OM2.
Los tripulantes fueron llevados a Ecuador y, posteriormente, varios recuperaron su libertad. Ocho pescadores del Conquista II que habían quedado separados del resto de la tripulación fueron localizados posteriormente por la Armada ecuatoriana.
Reuters también reportó que familiares de los pescadores cuestionaron las acusaciones de narcotráfico y señalaron que no se encontraron drogas en las embarcaciones.
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles del caso.
Cuando una embarcación es hundida después de retirar a sus tripulantes, desaparece también buena parte de la evidencia física que podría permitir determinar qué transportaba, cuál era su actividad y si efectivamente estaba vinculada con organizaciones criminales.
Esto ha provocado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
Human Rights Watch ya había advertido sobre los casos ocurridos entre enero y marzo y documentó testimonios de sobrevivientes que contradicen la versión estadounidense.
La polémica, por tanto, ya no se limita a determinar si Estados Unidos puede interceptar embarcaciones ecuatorianas en alta mar. También alcanza una pregunta más difícil: qué mecanismos independientes existen para verificar las acusaciones antes de que el barco termine en el fondo del océano.
Hay otro elemento que atraviesa todos estos episodios: Manabí.
Manta, Jaramijó, San Mateo y otras comunidades pesqueras de la provincia aparecen una y otra vez en esta historia. Son lugares donde la pesca constituye una actividad económica tradicional y donde las familias dependen directamente de que sus embarcaciones regresen.
El caso del Montecristi vuelve a llevar la preocupación hasta esas comunidades.
Este 7 de septiembre, mientras Estados Unidos informaba que había desmantelado otra estación flotante utilizada por el narcotráfico, familiares llegaban a la Capitanía del Puerto de Manta buscando información sobre los 23 tripulantes.
En el balance oficial, son cinco embarcaciones destruidas en apenas diez días.
En el balance más amplio, existen otros tres casos ocurridos durante los primeros meses del año que siguen sin una explicación definitiva.
Y entre ambas cifras queda una pregunta que todavía no tiene una respuesta única: ¿cuántos barcos ecuatorianos han sido realmente destruidos por Estados Unidos y cuántos de ellos eran pesqueros utilizados por organizaciones criminales, como sostienen Washington y Quito?
Por ahora, la cifra oficialmente comprobable es cinco. La historia completa —incluidos los casos de Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca— todavía está en disputa.
