Los 32 pescadores de Manta que fueron procesados por el presunto delito de asociación ilícita quedaron sin responsabilidad penal luego de que una jueza penal dictara un fallo favorable a los tripulantes de los barcos Conquista 2 y María Candelaria.
La resolución judicial se conoció el 7 de octubre de 2026 y puso fin al proceso que mantenía bajo investigación a los trabajadores del mar. Con el fallo, además, se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre los pescadores.
El caso se originó después de un operativo realizado a finales de agosto de 2026 en aguas internacionales del océano Pacífico. Las embarcaciones ecuatorianas Conquista 2 y María Candelaria estuvieron entre las naves intervenidas durante estas acciones.
Los pescadores fueron vinculados a una investigación por un supuesto esquema de apoyo logístico a embarcaciones utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, durante el proceso judicial la defensa cuestionó la existencia de elementos suficientes para establecer una relación entre los tripulantes y una organización delictiva.
La defensa de los pescadores estuvo encabezada por el abogado Juan Alvia, quien sostuvo que la Fiscalía no contaba con informes oficiales de Estados Unidos ni con evidencias materiales que demostraran que los tripulantes participaban en actividades criminales.
Durante el proceso, la defensa argumentó que los tripulantes cumplían labores propias de la actividad pesquera y que no existían elementos que demostraran su participación en una estructura dedicada al tráfico de combustible o al apoyo de grupos criminales.
El planteamiento fue que los pescadores realizaban sus actividades habituales en el mar y que las acusaciones no lograron establecer un vínculo penal entre ellos y las operaciones investigadas.
Finalmente, la jueza penal resolvió a favor de los 32 pescadores, quienes quedaron absueltos de responsabilidad penal por el delito que se les atribuía.
La investigación también generó preocupación entre los familiares de los tripulantes y los gremios pesqueros de Manta y Manabí. La retención de los pescadores y la destrucción de las embarcaciones provocaron incertidumbre entre sus allegados.
Para las familias, el proceso representaba además un impacto económico, debido a que los pescadores constituyen el sustento de sus hogares. La actividad pesquera mantiene una importante presencia laboral en el puerto de Manta y cualquier interrupción afecta directamente a los tripulantes y sus familias.
Con la resolución judicial, los pescadores recuperaron su libertad y quedaron sin el peso de un proceso penal por asociación ilícita.
El Conquista 2 y el María Candelaria fueron dos de las embarcaciones ecuatorianas involucradas en el operativo que dio origen a la investigación.
La intervención en alta mar terminó colocando a sus tripulantes en un proceso judicial que se extendió hasta octubre. Durante ese período, la defensa insistió en que la Fiscalía debía demostrar con evidencias concretas la existencia de una relación entre los pescadores y las actividades ilícitas investigadas.
La decisión conocida el 7 de octubre estableció que los 32 tripulantes no tenían responsabilidad penal por el delito de asociación ilícita.
Ahora, los pescadores pueden reencontrarse con sus familias luego de varias semanas marcadas por la investigación y la incertidumbre sobre su situación jurídica.
