La Policía Nacional de la Zona 4 confirmó la detención de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de Revolución Ciudadana, durante la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, en la provincia de Manabí.
El procedimiento se ejecutó en la parroquia Canuto, del cantón Chone, con la participación de agentes de una unidad investigativa procedente de Quito, según la información preliminar disponible.
Los datos proporcionados vinculan la aprehensión con el denominado Caso Laberinto, una investigación de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos.
El operativo habría incluido allanamientos simultáneos en Manabí y Pichincha, además de órdenes de detención contra siete personas. Sin embargo, es necesario contar con información oficial de la Fiscalía para precisar las actuaciones judiciales, los elementos investigados y la situación legal de cada implicado.
González también ha sido vinculada, según la información entregada, al Caso Caja Chica, una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos relacionados con el supuesto ingreso de dinero en efectivo no justificado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.
De acuerdo con esos antecedentes, la Fiscalía allanó su domicilio en Quito en enero de 2026. No obstante, este expediente debe distinguirse del Caso Laberinto hasta que las autoridades confirmen si existe una conexión judicial entre ambos procesos.
En septiembre de 2026, la Fiscalía de Quito habría abierto otra investigación contra González por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de su cargo, según los datos proporcionados.
La detención también ocurre en medio de un escenario político marcado por su trayectoria como candidata presidencial y dirigente de Revolución Ciudadana. Además, la información entregada señala que el Tribunal Contencioso Electoral negó recientemente su inscripción como candidata a la Prefectura de Manabí por Pachakutik.
Desde el entorno correísta, la actuación judicial ha sido calificada como una supuesta persecución política. Esa postura corresponde a sus representantes y debe diferenciarse de los hechos que establezcan las autoridades judiciales.
