La Corte Nacional de Justicia sentenció este lunes 17 de agosto de 2026 a cinco años de prisión a Gina Zambrano, exjueza de Montecristi, Manabí, tras declararla culpable del delito de prevaricato.
Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado sostuvo que Zambrano utilizó de manera irregular acciones de protección y medidas cautelares para disponer la libertad de personas procesadas o sentenciadas por delitos graves.
Uno de los principales elementos considerados por el tribunal fue que la exjueza habría emitido órdenes de libertad sin tener competencia territorial para intervenir en procesos de personas privadas de libertad en otras provincias.
Según la acusación fiscal, Zambrano emitió al menos 25 boletas de excarcelación de manera irregular mientras ejercía funciones en Manabí.
Las órdenes beneficiaron a personas recluidas en centros penitenciarios de Azuay, Guayas, Cañar, Pichincha y Loja, pese a que la entonces jueza ejercía jurisdicción en Manabí.
El caso adquirió mayor notoriedad cuando se conoció que la exjueza había dispuesto la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio que cumplían sus penas en el Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca.
Las investigaciones también relacionaron las decisiones judiciales con personas sentenciadas o procesadas por delitos considerados de alta peligrosidad.
Entre los casos mencionados durante la investigación constan personas vinculadas con sicariato, asesinatos, narcotráfico y delitos contra la propiedad relacionados con organizaciones criminales.
La Fiscalía argumentó que las acciones constitucionales fueron utilizadas de manera indebida para modificar las condiciones de privación de libertad de los beneficiarios.
El Consejo de la Judicatura destituyó a Zambrano en octubre de 2023 tras calificar sus actuaciones como un error inexcusable.
Posteriormente, la exfuncionaria salió de Ecuador. En julio de 2024, las autoridades activaron una difusión roja de Interpol para localizarla.
Zambrano fue ubicada en Alexandria, Estados Unidos, donde solicitó asilo político. Según la información del caso, las autoridades estadounidenses rechazaron su solicitud debido a su situación migratoria y posteriormente la deportaron a Ecuador.
La exjueza llegó al país el 7 de mayo de 2026 y quedó a disposición de las autoridades ecuatorianas para enfrentar el proceso penal.
El tribunal de la Corte Nacional de Justicia impuso la pena de cinco años de prisión por el delito de prevaricato, contemplado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal.
La sentencia se relaciona con las decisiones adoptadas por Zambrano mientras ejercía como jueza y con las órdenes de libertad que, según la Fiscalía, emitió fuera de sus competencias y en contra de la ley.
